Divulgo nesse blog apresentação de Teatro da peça "As Vespas", de Aristófanes, na cidade de Fortaleza. O trabalho foi acompanhado pelo grande amigo Flávio José Moreira, Mestre em Direito. Vale a pena conferir no youtube, em algumas partes:
http://www.youtube.com/watch?v=ytv8Zp4m_kY
Blog para discussão de direito e cultura em geral. Construindo conceitos e pontes entre ambos.
quinta-feira, 30 de setembro de 2010
Espanha - Juiz impõe medida diversa do MP da Infância
http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/actualidad-juridica-aranzadi/805/comentario-jurisprudencia/el-principio-acusatorio-y-la-determinacion-legal-de-la-medida-en-la-lo-52000-comentarios-a-la-sentencia-de-25-de-junio-de-2010-de-la-audiencia-provincial-de-salamanca
EL PRINCIPIO ACUSATORIO Y LA DETERMINACIÓN LEGAL DE LA MEDIDA EN LA LO 5/2000. COMENTARIOS A LA SENTENCIA DE 25 DE JUNIO DE 2010 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SALAMANCA
Por D. Tomás Montero Hernanz. Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Profesor de Derecho penitenciario en la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid
Uno de los principios que caracterizan la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante LORPM), es el de la flexibilidad en la elección de la medida por parte del juez de menores, en función de las características del caso concreto, que le facultan para elegir la medida o medidas más adecuadas atendiendo no sólo a la prueba y a la valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales del menor, su personalidad y el superior interés de este.
A partir de este principio general, la LORPM establece algunas matizaciones o excepciones, entre otras la determinación legal de la medida y el principio acusatorio.
Conforme a la primera de ellas, en determinados supuestos contemplados en el artículo 10.2 el juez de menores debe imponer de forma imperativa la medida de internamiento en régimen cerrado y, además, con una duración mínima de antemano preestablecida.
Al amparo del principio acusatorio, el juez de menores estará limitado en la elección de la medida a la solicitud formulada por el Ministerio Fiscal o el acusador particular, no pudiendo imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos ni una mayor duración que la pedida por ellos.
Estos dos últimos principios entraron en colisión en la sentencia de 12 de marzo de 2010 del Juzgado de Menores de Salamanca, en la que se condenó a una menor por un delito de asesinato en grado de tentativa, tipificado en el artículo 139.1 del CP, a una medida de internamiento en régimen cerrado, a pesar de que el Ministerio Fiscal había solicitado una medida de internamiento en régimen semiabierto y no existía acusación particular.
El juez de menores apreció una incongruencia en la calificación del fiscal, dado que calificaba los hechos como un delito de asesinato intentado y, sin embargo, solicitaba que se impusiera a su autora una medida de internamiento en régimen semiabierto, cuando el artículo 10.2 de la LORPM dice que en el caso de delitos de los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del CP, o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho Código o en las leyes penales especiales pena de prisión igual o superior a quince años, deberá imponerse, de forma imperativa, una media de internamiento en régimen cerrado.
En sus argumentos, el juez de menores citaba, de un lado, las sentencias 155/2009, de 25 de junio, y 186/2009, de 7 de septiembre, del Tribunal Constitucional, y de otro, el Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2007.
Según la doctrina constitucional, solicitada por las acusaciones la imposición de una pena dentro del marco legalmente previsto para el delito formalmente imputado, el órgano judicial, por exigencia del derecho de defensa y en la preservación de la garantía de imparcialidad en el proceso penal, donde encuentra su fundamento el deber de congruencia entre acusación y fallo como manifestación del principio acusatorio, no puede imponer penas que excedan, por su gravedad, naturaleza o cuantía, de las pedidas por las acusaciones, aunque la pena en cuestión no transgreda los márgenes de los legalmente previstos para el tipo penal que resulte de la calificación de los hechos, no habiendo solicitado el Ministerio Fiscal, a juicio del juez de menores, la imposición de una medida dentro del marco legalmente previsto para el delito formalmente imputado, para el cual la LROPM prevé una medida de internamiento en régimen cerrado.
La Audiencia Provincial de Salamanca, en sentencia de 25 de junio de 2010, se aleja en su resolución de los argumentos que llevaron al juez de menores a dictar su resolución, y estima el recurso de apelación interpuesto por la sentenciada, modificando la medida de internamiento en régimen cerrado por la de internamiento en régimen semiabierto, negando la incongruencia entre el artículo 10.2 de la LORPM y la petición de internamiento en régimen semiabierto formulada por el fiscal, al entender que lo que la LORPM dice en su artículo 10 es que la medida de internamiento en régimen cerrado deberá imponerse cuando se trate de delitos que tengan señalada pena de prisión igual o superior a 15 años, circunstancia que no se da en el caso de los delitos de asesinato en grado de tentativa, para los que el CP fija una pena inferior en uno o dos grados a la pena de prisión de 15 años (límite inferior de la pena prevista para el delito de asesinato consumado en el artículo 139 CP).
Esta interpretación del artículo 10.2 de la LORPM podía ser, a mi juicio, acertada si todos los delitos allí citados tuvieran una pena de prisión igual o superior a 15 años de prisión. Sin embargo, aunque tal circunstancia está prevista en el caso de los delitos de homicidio, asesinato y en alguno de los delitos de terrorismo previstos en los artículos 571 a 580, no ocurre así en los casos de los delitos de los artículos 179, 180 y de varios de los delitos de terrorismo comprendidos entre los artículos antes citados.
Parece más correcto, de conformidad con la literalidad del artículo 10.2 de la LORPM, que siempre que se trate de delitos de los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del CP, la medida a imponer deberá ser de internamiento en régimen cerrado (siendo indiferente la duración de la pena prevista para estos delitos), además de en aquellos otros delitos en los que el CP o las leyes penales especiales prevén una pena de prisión igual o superior a quince años.
Cuestión distinta es el tratamiento que debería darse a los supuestos de incongruencia por parte del Ministerio Fiscal, especialmente cuando no exista acusador particular, y que desde mi perspectiva deberían encontrar acomodo en el Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2007. Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca comentada no ha dado respuesta a este problema.
A partir de este principio general, la LORPM establece algunas matizaciones o excepciones, entre otras la determinación legal de la medida y el principio acusatorio.
Conforme a la primera de ellas, en determinados supuestos contemplados en el artículo 10.2 el juez de menores debe imponer de forma imperativa la medida de internamiento en régimen cerrado y, además, con una duración mínima de antemano preestablecida.
Al amparo del principio acusatorio, el juez de menores estará limitado en la elección de la medida a la solicitud formulada por el Ministerio Fiscal o el acusador particular, no pudiendo imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos ni una mayor duración que la pedida por ellos.
Estos dos últimos principios entraron en colisión en la sentencia de 12 de marzo de 2010 del Juzgado de Menores de Salamanca, en la que se condenó a una menor por un delito de asesinato en grado de tentativa, tipificado en el artículo 139.1 del CP, a una medida de internamiento en régimen cerrado, a pesar de que el Ministerio Fiscal había solicitado una medida de internamiento en régimen semiabierto y no existía acusación particular.
El juez de menores apreció una incongruencia en la calificación del fiscal, dado que calificaba los hechos como un delito de asesinato intentado y, sin embargo, solicitaba que se impusiera a su autora una medida de internamiento en régimen semiabierto, cuando el artículo 10.2 de la LORPM dice que en el caso de delitos de los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del CP, o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho Código o en las leyes penales especiales pena de prisión igual o superior a quince años, deberá imponerse, de forma imperativa, una media de internamiento en régimen cerrado.
En sus argumentos, el juez de menores citaba, de un lado, las sentencias 155/2009, de 25 de junio, y 186/2009, de 7 de septiembre, del Tribunal Constitucional, y de otro, el Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2007.
Según la doctrina constitucional, solicitada por las acusaciones la imposición de una pena dentro del marco legalmente previsto para el delito formalmente imputado, el órgano judicial, por exigencia del derecho de defensa y en la preservación de la garantía de imparcialidad en el proceso penal, donde encuentra su fundamento el deber de congruencia entre acusación y fallo como manifestación del principio acusatorio, no puede imponer penas que excedan, por su gravedad, naturaleza o cuantía, de las pedidas por las acusaciones, aunque la pena en cuestión no transgreda los márgenes de los legalmente previstos para el tipo penal que resulte de la calificación de los hechos, no habiendo solicitado el Ministerio Fiscal, a juicio del juez de menores, la imposición de una medida dentro del marco legalmente previsto para el delito formalmente imputado, para el cual la LROPM prevé una medida de internamiento en régimen cerrado.
La Audiencia Provincial de Salamanca, en sentencia de 25 de junio de 2010, se aleja en su resolución de los argumentos que llevaron al juez de menores a dictar su resolución, y estima el recurso de apelación interpuesto por la sentenciada, modificando la medida de internamiento en régimen cerrado por la de internamiento en régimen semiabierto, negando la incongruencia entre el artículo 10.2 de la LORPM y la petición de internamiento en régimen semiabierto formulada por el fiscal, al entender que lo que la LORPM dice en su artículo 10 es que la medida de internamiento en régimen cerrado deberá imponerse cuando se trate de delitos que tengan señalada pena de prisión igual o superior a 15 años, circunstancia que no se da en el caso de los delitos de asesinato en grado de tentativa, para los que el CP fija una pena inferior en uno o dos grados a la pena de prisión de 15 años (límite inferior de la pena prevista para el delito de asesinato consumado en el artículo 139 CP).
Esta interpretación del artículo 10.2 de la LORPM podía ser, a mi juicio, acertada si todos los delitos allí citados tuvieran una pena de prisión igual o superior a 15 años de prisión. Sin embargo, aunque tal circunstancia está prevista en el caso de los delitos de homicidio, asesinato y en alguno de los delitos de terrorismo previstos en los artículos 571 a 580, no ocurre así en los casos de los delitos de los artículos 179, 180 y de varios de los delitos de terrorismo comprendidos entre los artículos antes citados.
Parece más correcto, de conformidad con la literalidad del artículo 10.2 de la LORPM, que siempre que se trate de delitos de los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del CP, la medida a imponer deberá ser de internamiento en régimen cerrado (siendo indiferente la duración de la pena prevista para estos delitos), además de en aquellos otros delitos en los que el CP o las leyes penales especiales prevén una pena de prisión igual o superior a quince años.
Cuestión distinta es el tratamiento que debería darse a los supuestos de incongruencia por parte del Ministerio Fiscal, especialmente cuando no exista acusador particular, y que desde mi perspectiva deberían encontrar acomodo en el Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2007. Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca comentada no ha dado respuesta a este problema.
Sentença 34/2010 do Tribunal Constitucional da Espanha
Vale a pena discutir: recente decisão do Tribunal Constitucional da Espanha sobre a divulgação de documentários acerca de grave fato ocorrido com um menor de idade. E a discussão sobre a ponderação entre o direito à intimidade do menor e a liberdade de expressão.
O link da decisão é:
http://www.tribunalconstitucional.es/en/jurisprudencia/Pages/Sentencia.aspx?cod=9876
O link da decisão é:
http://www.tribunalconstitucional.es/en/jurisprudencia/Pages/Sentencia.aspx?cod=9876
Art. 9º da Lei do MP da Espanha
Uma boa sugestão ao Ministério Público brasileiro é a criação de norma equivalente ao art. 9º da Lei Orgânica do Ministério Público da Espanha:
"1. El Fiscal General del Estado elevará al Gobierno una memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. En ella se recogerán las observaciones de las memorias que, a su vez, habrán de elevarle los fiscales de los distintos órganos, en la forma y tiempo que reglamentariamente se establezca. De esta memoria se remitirá copia a las Cortes Generales y al Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, la citada memoria será presentada por el Fiscal General del Estado a las Cortes Generales en el período ordinario de sesiones más próximo a su presentación pública.
2. El Fiscal General del Estado informará al Gobierno, cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia. En casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros."
Em data recente, houve o encaminhamento, segundo o link: http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/actualidad-juridica-aranzadi/805/comentario/la-memoria-de-la-fiscalia-general-del-estado-como-panoramica-analisis-y-plan-de-accion-del-estado-de-derecho
Fica a sugestão
segunda-feira, 27 de setembro de 2010
Gene da Dor de Cabeça - Jornal de Portugal
A esperança poderá ter nascido para milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de enxaquecas, após a descoberta de um novo gene alegadamente responsável pela dor de cabeça, frequentemente incapacitante.
Cientistas da Universidade de Oxford (Inglaterra) juntamente com uma equipa canadiana financiada pela Genome Canada identificaram um gene chamado Tesk, que controla a sensibilidade dos nervos que enviam sinais de dor ao cérebro.
A descoberta é o resultado do estudo do Acido Desoxirribonucleico (ADN) de 110 pessoas que padecem de enxaquecas.
Se este gene estiver defeituoso, pode activar esses nervos e produzir severas dores de cabeça conhecidas como enxaquecas, concluíram os cientistas.
Esta descoberta, publicada na revista médica especializada Nature Medicine, explica porque pessoas da mesma família podem, por vezes, padecer deste problema.
O estudo facilitará o desenvolvimento de novos fármacos para combater essa dor específica.
O médico Zameel Cader, neurologista do Functional Genomics Unit da Universidade de Oxford considerou que foi dado "um grande passo para compreender a razão porque algumas pessoas sofrem de enxaquecas e porque esse mal ocorre em determinadas famílias".
Estudos prévios tinham identificado "partes do ADN que aumentam o risco na população em geral mas não os responsáveis directos pela enxaqueca comum", acrescentou.
A enxaqueca é uma doença incapacitante, que afeta cerca de 15 por cento da população portuguesa, surgindo os sintomas entre os 17 e os 19 anos.
A descoberta é o resultado do estudo do Acido Desoxirribonucleico (ADN) de 110 pessoas que padecem de enxaquecas.
Se este gene estiver defeituoso, pode activar esses nervos e produzir severas dores de cabeça conhecidas como enxaquecas, concluíram os cientistas.
Esta descoberta, publicada na revista médica especializada Nature Medicine, explica porque pessoas da mesma família podem, por vezes, padecer deste problema.
O estudo facilitará o desenvolvimento de novos fármacos para combater essa dor específica.
O médico Zameel Cader, neurologista do Functional Genomics Unit da Universidade de Oxford considerou que foi dado "um grande passo para compreender a razão porque algumas pessoas sofrem de enxaquecas e porque esse mal ocorre em determinadas famílias".
Estudos prévios tinham identificado "partes do ADN que aumentam o risco na população em geral mas não os responsáveis directos pela enxaqueca comum", acrescentou.
A enxaqueca é uma doença incapacitante, que afeta cerca de 15 por cento da população portuguesa, surgindo os sintomas entre os 17 e os 19 anos.
STJ - furto e proporcionalidade
FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. INVESTIGAÇÃO. PROVA ILÍCITA.
Trata-se de habeas corpus no qual se alega, em síntese, que a sentença condenatória dos pacientes pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP (furto qualificado mediante fraude) e o acórdão que a confirmou devem ser anulados, uma vez que toda a investigação se originou de prova ilícita consistente em documento expedido sem a devida autorização judicial. Sustenta-se que a autorização para quebra de sigilo bancário dos pacientes só se concretizou seis meses depois da publicidade dada ao documento, que gozava de proteção do sigilo bancário. Inicialmente, ressaltou o Min. Relator que, quanto à proteção dada às informações de operações bancárias, o sigilo, segundo disposição legal, corresponde à obrigação imposta às instituições financeiras, configurando infração penal sua quebra injustificada. Porém, sobre o que dispõe o art. 5º, XII, da CF/1988, entende ser necessário que sua interpretação seja feita com temperamentos, afinal, inexiste, no ordenamento pátrio, direito absoluto. Assim, diante do caso concreto, cabe ao intérprete fazer uma ponderação de valores. A inviolabilidade dos sigilos é, portanto, a regra e a quebra, a exceção; como tal se deve observar que a fundamentação para a quebra dos sigilos seja de modo que encontre apoio no princípio da proporcionalidade, sob pena de serem consideradas ilícitas as provas obtidas dessa violação. Desse modo, a par da regra da liberdade dos meios de prova, excetua-se a utilização daquelas obtidas por meios ilegais, conforme dispõe o art. 5º, LVI, da CF/1988, inserindo-se, nesse contexto, as oriundas da quebra de sigilo sem autorização judicial devidamente motivada. Entretanto, no caso em foco, entendeu o Min. Relator haver peculiaridade que afasta, por completo, a proteção à violação de sigilo bancário que é reivindicada, isto é, tratou-se toda a operação bancária de um golpe efetivado por meio de um engodo. Aliás, a própria titularidade solidária que detinha uma das pacientes e que agora é reclamada para respaldar eventual autorização legal nasceu como início da trama que foi efetivada contra a vítima, conforme se inferiu da sentença condenatória. Dessa forma, antes mesmo de verificar eventual tensão entre princípios que ensejasse a relativização daquele que prevê o sigilo das informações, observou que a pretensão de reconhecimento da nulidade é precedida do desejo de beneficiar os pacientes com o fruto do ato ilícito, o que foge à razoabilidade. Lembrou, ainda, o § 2º do art. 157 do CPP, o qual entende servir para mitigar a teoria da contaminação da prova, restringindo-a para os casos em que a prova ilícita foi absolutamente determinante para a descoberta da prova derivada que sem aquela não existiria, o que não aconteceu na espécie. Asseverou, por fim, que, in casu, o sobrinho da vítima, na condição de herdeiro, teria, inarredavelmente, após a habilitação no inventário, o conhecimento das movimentações financeiras e, certamente, saberia do desfalque que a vítima havia sofrido; ou seja, a descoberta seria inevitável, não havendo, portanto, razoabilidade alguma em anular todo o processo e demais provas colhidas, não só durante a instrução criminal, mas também aquelas colhidas na fase pré-processual investigativa. Diante desses fundamentos, entre outros, a Turma denegou a ordem. Precedentes citados: HC 133.347-PE, DJe 30/11/2009, e HC 67.435-RS, DJe 23/3/2009. HC 52.995-AL, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/9/2010.
sexta-feira, 24 de setembro de 2010
Falecimento do Professor José de Albuquerque Rocha
Comunico falecimento do Professor José de Albuquerque Rocha, o conhecido "Rochinha", Juiz aposentado, e professor da Universidade Federal do Ceará.
Grande professor e estudioso de direito processual e teoria do Poder Judiciário. Discreto, humilde e sempre à disposição para discutir e trocar ideias com seus alunos. Seguem algumas obras do mesmo, numa homenagem póstuma de um aluno que sempre admirou sua produção jurídica e estilo de escrita. Fará grande falta a nossas letras jurídicas. Uma luz a se apagar na comunidade jurídica brasileira. Iluminando com seu espírito nossa busca por um verdadeiro Direito.
sábado, 18 de setembro de 2010
Além da Imaginação
Hoje não se produzem filmes com essa qualidade. Olhem esse vídeo. Além da Imaginação, de Rod Serling:
http://www.youtube.com/watch?v=PlEaz1XQCOE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PlEaz1XQCOE&feature=related
segunda-feira, 13 de setembro de 2010
Para reflexão: O Asno de Buridan - site wikipedia
O asno de Buridan
O paradoxo conhecido como o asno de Buridan não foi originado pelo próprio Buridan. É encontrado na obra De Caelo, de Aristóteles, onde o autor pergunta como um cão diante de duas refeições igualmente tentadoras poderia racionalmente escolher entre elas.
Buridan em nenhum momento discute este problema específico, mas sua relevância é que ele defende um determinismo moral pelo qual, salvo por ignorância ou impedimento, um ser humano diante de cursos alternativos de ação deve sempre escolher o maior bem. Buridan defendia que a escolha devia ser adiada até que se tivesse mais informação sobre o resultado de cada ação possível. Escritores posteriores satirizaram este ponto de vista imaginando um burro que, diante de dois montes de feno igualmente acessíveis e apetitosos, deveria deter-se enquanto pondera por uma decisão.
Esta questão é questionada até hoje, por teóricos da Inteligência Artificial.
Referências
- ↑ Medieval Philosophy http://plato.stanford.edu/entries/medieval-philosophy/ Acesso em: 14 set. 2009.
terça-feira, 7 de setembro de 2010
Corte Constitucional Italiana e Prisão Preventiva em Crimes Sexuais
A Corte Constitucional Italiana, por volta de 07 de julho de 2010, declarou inconstitucional recente norma da lei processual penal de lá que impunha a prisão preventiva obrigatória em casos de crimes sexuais. Julgamento no link a seguir:
http://www.ilpuntomagazine.it/?p=4726
http://www.ilpuntomagazine.it/?p=4726
quinta-feira, 2 de setembro de 2010
Assunto da hora: Cadeira no Banco da Frente
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,em-carro-velho-cadeirinha-valera-no-banco-da-frente,604204,0.htm
Em carro velho, cadeirinha valerá no banco da frente
02 de setembro de 2010 | 11h 48
AE - Agência Estado
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) vai mudar dois itens na nova regra para o transporte de crianças nos automóveis, que começou a ser fiscalizada ontem. As alterações devem ser feitas nos próximos dias e vão prever "exceções" para o uso da cadeirinha e do assento de elevação - o chamado booster - em veículos mais velhos.
Enquanto as mudanças não são feitas, a orientação do Contran é de que os veículos flagrados pela fiscalização sem os equipamentos sejam multados, o que já está sendo questionado. O Ministério Público Federal de Jales, no interior paulista, solicitou ao Contran que as multas nesses casos não sejam consideradas. A Promotoria deu dez dias para que o órgão se pronuncie com orientações aos pais.
Uma das modificações a serem feitas é permitir que os pais coloquem as cadeirinhas no banco da frente dos carros fabricados antes de 1998. Isso porque a maior parte desses veículos só tem cinto de segurança traseiro de dois pontos (subabdominal). E não há no mercado brasileiro cadeirinhas certificadas para esse modelo de cinto de segurança. Por isso, será permitido o uso do dispositivo na frente, desde que haja cinto de segurança de três pontos nesse banco. O problema ocorre porque é justamente o cinto que prende a cadeirinha ao carro.
"Não foi um descuido nosso. Na época em que a resolução foi elaborada, havia cadeirinhas para o cinto de segurança de dois pontos, mas a empresa deixou de fabricar. Por isso, estamos trabalhando na alteração, para permitir as cadeirinhas no banco da frente nesses casos e dar mais segurança para as crianças", diz o diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e presidente do Contran, Alfredo Peres da Silva. Segundo ele, as alterações na resolução que definiu as novas regras devem ser feitas até o fim desta semana.
A resolução do Contran já prevê a possibilidade de cadeirinhas nos bancos da frente quando esses forem os únicos do veículo, como no caso das camionetas. É preciso, no entanto, desativar o sistema de airbag.
Booster
A outra alteração prevista na resolução é permitir que as crianças de 4 a 7 anos e meio não precisem usar o booster em carros com apenas cintos de dois pontos. Como o jornal O Estado de S. Paulo antecipou ontem, o Denatran já havia sido informado sobre os riscos para uma criança transportada nesse dispositivo e com apenas o cinto de segurança subabdominal. Isso porque a criança perde parte do contato com o banco e acaba ficando com o tronco totalmente livre, podendo ser projetada para frente em caso de acidente.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi o primeiro órgão a constatar o problema e informou o Denatran. A orientação passada então aos agentes foi para que não aplicassem multas quando as crianças nessa faixa etária estivessem apenas com o cinto de segurança. "Nós ouvimos a PRF e outros especialistas e vimos que, nesses casos, é mais seguro para as crianças não usar o booster", afirma Peres. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Enquanto as mudanças não são feitas, a orientação do Contran é de que os veículos flagrados pela fiscalização sem os equipamentos sejam multados, o que já está sendo questionado. O Ministério Público Federal de Jales, no interior paulista, solicitou ao Contran que as multas nesses casos não sejam consideradas. A Promotoria deu dez dias para que o órgão se pronuncie com orientações aos pais.
Uma das modificações a serem feitas é permitir que os pais coloquem as cadeirinhas no banco da frente dos carros fabricados antes de 1998. Isso porque a maior parte desses veículos só tem cinto de segurança traseiro de dois pontos (subabdominal). E não há no mercado brasileiro cadeirinhas certificadas para esse modelo de cinto de segurança. Por isso, será permitido o uso do dispositivo na frente, desde que haja cinto de segurança de três pontos nesse banco. O problema ocorre porque é justamente o cinto que prende a cadeirinha ao carro.
"Não foi um descuido nosso. Na época em que a resolução foi elaborada, havia cadeirinhas para o cinto de segurança de dois pontos, mas a empresa deixou de fabricar. Por isso, estamos trabalhando na alteração, para permitir as cadeirinhas no banco da frente nesses casos e dar mais segurança para as crianças", diz o diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e presidente do Contran, Alfredo Peres da Silva. Segundo ele, as alterações na resolução que definiu as novas regras devem ser feitas até o fim desta semana.
A resolução do Contran já prevê a possibilidade de cadeirinhas nos bancos da frente quando esses forem os únicos do veículo, como no caso das camionetas. É preciso, no entanto, desativar o sistema de airbag.
Booster
A outra alteração prevista na resolução é permitir que as crianças de 4 a 7 anos e meio não precisem usar o booster em carros com apenas cintos de dois pontos. Como o jornal O Estado de S. Paulo antecipou ontem, o Denatran já havia sido informado sobre os riscos para uma criança transportada nesse dispositivo e com apenas o cinto de segurança subabdominal. Isso porque a criança perde parte do contato com o banco e acaba ficando com o tronco totalmente livre, podendo ser projetada para frente em caso de acidente.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi o primeiro órgão a constatar o problema e informou o Denatran. A orientação passada então aos agentes foi para que não aplicassem multas quando as crianças nessa faixa etária estivessem apenas com o cinto de segurança. "Nós ouvimos a PRF e outros especialistas e vimos que, nesses casos, é mais seguro para as crianças não usar o booster", afirma Peres. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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