quarta-feira, 31 de agosto de 2011

Possible to Get Off Sex Offender Registry?


Possible to Get Off Sex Offender Registry?

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There's often a misconception that sex offenders are designated as such for the remainder of their lives, but the truth is that, for some, it's possible to get off a sex offender registry if the law provides for removal.
Though the federal government passed the Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006 in an attempt to standardize removal laws across the states, only 8 states (Delaware, Florida, Louisiana, Michigan, Nevada, Ohio, South Dakota and Wyoming) are currently in compliance, making the issue of removal primarily a state-specific inquiry.
For those states in compliance with federal law, sex offenders are classified into 3 tiers. If they have maintained a clean record, Tier 1 offenders can petition for removal after 10 years; Tier 2 after 25; and Tier 3 must remain on the list for life.
States not in compliance are set to lose federal law enforcement grants, instead choosing to allow registrants to get off the sex offender registry in some of the following situations:
  • Actions no longer constitute a crime (sodomy, statutory rape, oral sex)
  • Crime did not involve sexual conduct
  • Probation has ended
  • A designated timeframe with a clean record
  • Expunged record
  • Underage at the time of conviction
All states are required to remove sex offenders from a registry if they have been pardoned or their conviction has been overturned.
If you have more questions about whether it's possible for an individual to get off a sex offender registry, contact your state attorney general or local prosecutor's office for more information. If you still have questions, consider contacting a criminal defense attorney.

EUA: diferença entre homicídio de 1º e grau

http://blogs.findlaw.com/blotter/2011/08/difference-between-first-second-degree-murder.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Blotter+%28FindLaw+Blotter%29



Difference Between First and Second Degree Murder?

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When it comes to the degrees of murder, things can get a little tricky.
There's first and second degree murder, and even sometimes a third. Then there's voluntary and involuntary manslaughter.
And don't forget "adequate justification," which can downgrade a murder to a lower level.
To help make sense of the degrees of murder, we're going to start with the two most serious crimes in the murder spectrum, and pinpoint just what differs between a first and second degree killing.
First degree murder falls into one of the following two categories:
  • Premeditated, intentional killings
  • Felony murder
While second degree murder is either:
  • An unplanned, intentional killing; or
  • A death caused by a reckless disregard for human life
Putting aside felony murder, the real difference between first and second degree murder is the degree of intent under which the defendant acted when carrying out the killing.
First degree murder requires that a defendant plan and intentionally carry out the killing, whereas second degree murder requires that the killing either be intentional or reckless, and occur in the spur of the moment.
Taking the time to plan another's death is arguably a more serious crime.
An outlier, felony murder is a form of first degree murder that occurs when a person dies--even accidentally--during the commission of a violent felony.
For instance, if a robber unintentionally kills a patron in a liquor store, he's still committed first degree murder.
While it's easy to pinpoint the differences between degrees of murder in a theoretical manner, this is not always the case in a real life situation. When faced with evidence, there is often a very fine line between a first and second degree killing.

Ótimos livros para baixar

Amigos,


Guardem em seus computadores os textos que estão nesses links. São muito bons. Foram "pescados" do blog do José Adércio Leite.


Abraços,


André Tabosa

http://jalsacademico.blogspot.com/2011/08/historia-do-constitucionalismo.html


http://jalsacademico.blogspot.com/2011/08/justica-constitucional-bibliografia.html


http://jalsacademico.blogspot.com/2011/07/justica-constitucional-e-unica-resposta.html


http://jalsacademico.blogspot.com/2011/06/liberdade-de-imprensa-bibliografia.html

http://jalsacademico.blogspot.com/2011/06/constituicao-e-pluralismo.html


http://jalsacademico.blogspot.com/2011/05/livro-online-law-and-economics-charles.html

http://jalsacademico.blogspot.com/2011/05/direito-direitos-e-custos.html

http://jalsacademico.blogspot.com/2011/05/livro-online-anuario-de-derecho.html

http://jalsacademico.blogspot.com/2011/05/livro-online-balanco-sobre-direitos.html

http://jalsacademico.blogspot.com/2011/05/gustavo-zagrebelsky-origem-da.html

Livro muito legal

Agradeçamos ao Alexandre Morais da Rosa pelo envio do link de uma grande obra sobre "Criminologia e Sistemas Penais Contemporâneos":

http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Crimin.eSist.Jurid.PenaisContemp.II.2ed.pdf

Intelectuais na vida pública

Retirado do Blog do Professor Ribas:




UNIVERSIDAD › DE LA TEORIA A LA PRACTICA POLITICA > DOS REFLEXIONES SOBRE EL ROL DE LOS INTELECTUALES EN LA VIDA PUBLICA

La función intelectual
En un debate organizado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani (Sociales-UBA), José Nun y Emilio De Ipola abordaron desde distintos enfoques la articulación entre intelectuales, política y formas de intervención pública. Aquí, sus planteos centrales.






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Por José Nun *

1 Vivimos una época de continuos deslizamientos semánticos que oscurecen la realidad. Así, a un licenciado en Filosofía se lo llama “filósofo”, aunque nunca haya aportado una sola idea a su disciplina. Algo semejante ocurre con la siempre resbaladiza noción de “intelectual”. En su momento, Gramsci dio un gran paso adelante cuando desechó el uso del término para designar la naturaleza intrínseca de una actividad (como en la borrosa dicotomía “trabajo manual/trabajo intelectual”) y propuso que se empleara, en cambio, para aludir a una función determinada. Sólo que tanto la crisis de los discursos ideológicos totalizadores como la fragmentación de las clases sociales le han hecho perder anclaje a su propia categoría de “intelectual orgánico”, convirtiéndola en una abstracción.

2 Esto no significa en absoluto que la “función intelectual” haya desaparecido. Al revés, esa crisis y esa fragmentación la vuelven cada día más decisiva. Sólo que con ella apuntamos ahora a una apropiación eficaz de lo que producen esos que François Dosse llama “los talleres de la razón práctica”. Hablo, a la vez, de la necesidad y de la importancia de saberes acotados y rigurosos y de mediadores públicos que sean capaces de sistematizarlos críticamente y de ponerlos a disposición de audiencias amplias. La especificidad que asume hoy la función intelectual no excluye por cierto planteos más abarcativos, pero éstos dependen de la profundización de esos saberes y de las conexiones que se logren establecer entre ellos. Lo demás es cháchara de opinólogos poco dispuestos a cambiar nada y, mucho menos, su lugar.

3 Estamos muy lejos de Zola y del momento en que vio la luz el “Manifiesto de los intelectuales”, a fines del siglo XIX. Reitero: ahora cuenta muchísimo más la “función intelectual” que se cumpla que la pretendida figura de intelectual que se adopte. Por eso diría con apenas algo de exageración que puede haber obreros o gerentes o funcionarios de tiempo completo, pero no intelectuales de tiempo completo. No se trata de una profesión. Agente y función han dejado de ser asimilables, si es que alguna vez lo fueron. De ahí que crezcan tanto los riesgos de confusión y de un contrabando de credenciales que no tiene nada de ingenuo. Quiero decir: quienes asumen funciones intelectuales en ciertas circunstancias no lo hacen en otras, cuando la lógica de la militancia política, por ejemplo, los obliga a silenciar sus críticas o a sesgar sus discursos.

4 Entendámonos: son esenciales los papeles que cumplen los docentes o los investigadores o los militantes políticos. Es legítimo y necesario que se multiplique el número de quienes estudian a fondo aspectos diversos de la realidad, que hagan de esto una carrera profesional y que intercambien sus hallazgos con otros especialistas. Al mismo tiempo, es útil y recomendable que participen en actividades políticas de la más variada índole tal como lo hacen los jardineros o las azafatas. Pero desde el punto de vista que adopto aquí, nada de esto significa todavía que estén cumpliendo una función intelectual en el sentido descripto. Lo cual –prefiero pecar de repetitivo antes que ser mal interpretado– no va en absoluto en desmedro de sus prácticas.

5 Para decirlo en términos muy sencillos, en esta coyuntura la función intelectual implica adquirir conocimientos específicos en áreas que habitualmente se consideran reservadas a los expertos para después metabolizar críticamente esos conocimientos, relacionarlos con otros que resulten relevantes y ponerlos luego al servicio de quienes se interesen en comprender la realidad para poder transformarla. Pienso en temas tan fundamentales como la seguridad o la reforma fiscal o el sistema de salud o el uso del espacio público o la distribución del ingreso o la administración de justicia. Y pienso también en mediaciones críticas en sentido fuerte porque descreo del vínculo directo entre el político y el especialista. Estamos en un país donde la tentación del poder ha convertido ideológicamente a muchos expertos en ambiciosos aspirantes a tecnócratas y a buena parte de la dirigencia política en una nave a la deriva.

Texto interessante de Dan M. Kahan

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1910391

Texto interessante de Dan M. Kahan

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1910391

segunda-feira, 29 de agosto de 2011

Youtube, Flávio Tartuce e Boa fé objetiva

http://www.youtube.com/user/provafinal?blend=4&ob=5

Video de Bernal Pulido

Video de Bernal Pulido. Vale a pena ver. Retirado do Blog Iureamicorum


http://iureamicorum.blogspot.com/2011/08/carlos-bernal-el-asesino-nato-y-la.html

Texto de Alexy: Direitos Fundamentais, ponderação e racionalidade

http://www.iidpc.org/revistas/11/pdf/19_29.pdf

Texto de Maria Teresa Sadek sobre o CNJ - Folha de São Paulo

http://www.eagora.org.br/arquivo/um-conselho-que-incomoda-muita-gente

 

Um conselho que incomoda muita gente

Maria Tereza Sadek, Folha de S. Paulo, 28/08/11
O Conselho Nacional de Justiça incomoda e precisa de nossa proteção para que não seja transformado em mais um órgão burocrático e ineficiente
Após um longo debate e uma série de propostas, a reforma do Poder Judiciário aprovada em 2004 foi uma resposta à crise da Justiça. O remédio encontrado para afastar os tumores sem matar o corpo foi a criação de um sistema nacional de controle, denominado Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Essa solução está hoje ameaçada por propostas que pretendem acabar com o papel de fiscalização e investigação exercido pelo CNJ. Há quem pretenda subverter, por meio de um exercício interpretativo no mínimo controverso, uma das principais reformas aprovadas em nossa Constituição.
Órgão ainda jovem, a partir de 2008, por iniciativa do então ministro corregedor-geral Gilson Dipp, o conselho começou a realizar inspeções e audiências públicas em diversas unidades do Judiciário, tornando transparente aos olhos da opinião pública o que gerava odor podre em um corpo que necessita ser saudável tanto para a consolidação do regime democrático como para o fortalecimento dos direitos individuais e coletivos.
Ao assumir a Corregedoria Nacional de Justiça em setembro de 2010, em postura pouco comum aos nossos administradores, a ministra Eliana Calmon não só manteve a política de transparência de seu antecessor como ainda procurou aprimorá-la por meio de parcerias com Receita Federal, Controladoria-Geral da União, Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), tribunais de contas e outros órgãos de controle.
A fiscalização, assim, foi se mostrando cada vez mais eficiente e, por isso mesmo, mais incômoda.
Um conselho assim incomoda e muito, sobretudo os interesses corporativos, que, relembremos, não convenceram o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.367-1, que afirmou a constitucionalidade do CNJ, registrando, inclusive, no voto condutor, a inoperância de muitas das corregedorias locais, o que todos já sabíamos.
Perplexos com a faxina levada a efeito pela Corregedoria Nacional de Justiça, os interesses contrariados reabrem a discussão do tema, tentando a todo custo fazer prevalecer o entendimento de que o CNJ só pode punir juiz corrupto após o julgamento do tribunal local.
Era assim no passado, e o Poder Judiciário foi exposto a uma investigação no Parlamento exatamente porque não fez esse dever de casa, e nada nos garante que o fará sem a atuação firme e autônoma do CNJ.
Nesse momento, a vigilância é mais do que sinal de prudência. É imperiosa e sobressai como dever de todos os que aceitam o desafio de aprimorar a Justiça. Políticas voltadas ao combate à impunidade se deparam com resistências.
Não por acaso são criados fatos e elaboradas teses capazes de ludibriar os inocentes e provocar retrocessos que causarão prejuízos irreparáveis ao Brasil.
Um conselho criado justamente porque os meios de controle existentes até a década passada eram ineficazes e parciais não pode ter a sua atuação condicionada ao prévio esgotamento dos meios de que os tribunais há muito tempo dispõem e que, na prática, pouco ou nunca utilizaram para corrigir os desvios de seus integrantes.
A tese de que a competência do CNJ é subsidiária, e, assim, somente pode ser exercida após a constatação de que os tribunais de origem foram inertes ou parciais, interessa tão somente àqueles que depositam suas fichas no jogo do tempo, da prescrição e do esquecimento.
O CNJ incomoda e precisa de nossa proteção para não ser transformado em mais um órgão burocrático e ineficiente.
MARIA TEREZA SADEK, doutora em ciência política, é professora do Departamento de Ciência Política da USP e diretora de pesquisa do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais.

Segurança no Judiciário

Postagem muito boa do "Blog do Fred":

http://blogdofred.folha.blog.uol.com.br/arch2011-08-28_2011-09-03.html#2011_08-28_10_46_48-126390611-0

Ameaça real a juízes e "realismo fantástico"

A ministra Eliana Calmon entregou ao Tribunal de Justiça de Pernambuco um veículo blindado para ser usado por uma juíza ameaçada de morte. Diante da doação do CNJ, o cidadão comum pode perguntar por que o tribunal não tem recursos para proteger magistrados, mas gasta com eventos e estímulos a vaidades. Sem licitação, o TJ-PE contratou por R$ 56,9 mil um artista plástico para fazer desenhos em bico de pena do Palácio da Justiça e reproduzir retratos de desembargadores. Na nota sobre a festa em que o tribunal distribuiu medalhas a advogados, juízes, militares e políticos, com jantar animado por um grupo de chorinho, a título de comemorar 189 anos da Corte, foi anunciado que "os desenhos, de fantástico realismo, serão reproduzidos graças ao apoio do Grupo João Carlos Paes Mendonça".
Escrito por Fred às 09h46



segunda-feira, 22 de agosto de 2011

grande texto Jeremy Waldron

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1898689

grande texto Jeremy Waldron

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1898689

Artigo de Flávio Tartuce - Nova Usucapião

Segue um artigo bem legal do Flávio Tartuce sobre a nova forma de usucapião instaurada com a Lei nº 12.424, de 16 de junho de 2011:



A USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA POR ABANDONO DO LAR CONJUGAL.

Flávio Tartuce.
Doutor em Direito Civil pela USP.
Mestre em Direito Civil Comparado pela PUCSP.
Professor da EPD e da Rede de Ensino LFG.
Advogado e consultor jurídico.
Autor da Editora Método.

A Lei 12.424, de 16 de junho de 2011, inclui no sistema uma nova modalidade de usucapião, que pode ser denominada como usucapião especial urbana por abandono do lar. Apesar da utilização do termo usucapião familiar por alguns juristas, entende-se ser melhor a adoção da expressão destacada, para manter a unidade didática, visando diferenciar a categoria da usucapião especial rural ou agrária - que também tem uma conotação familiar -, da usucapião ordinária, da usucapião extraordinária, da usucapião especial indígena e da usucapião especial urbana coletiva.  
Pois bem, vejamos a redação do novo comando, constante do art. 1.240-A do CC/2002:
“Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1o O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez”.
O instituto traz algumas semelhanças em relação à usucapião urbana que já estava prevista no sistema (art. 1.240 do CC/2002 e art. 183 da CF/1988), e que pode ser agora denominada como usucapião especial urbana regular. 
De início, cite-se a metragem de 250 m2 , que é exatamente a mesma, procurando o legislador manter a uniformidade legislativa. Isso, apesar de que em alguns locais a área pode ser tida como excessiva, conduzindo à usucapião de imóveis de valores milionários. Ato contínuo, o novo instituto somente pode ser reconhecido uma vez, desde que o possuidor não tenha um outro imóvel urbano ou rural, o que está em sintonia com a proteção da moradia como fator do piso mínimo de direitos ou patrimônio mínimo (art. 6º da CF/1988).  
A principal novidade é a redução do prazo para exíguos dois anos, o que faz com que a nova categoria seja aquela com menor prazo previsto, entre todas as modalidades de usucapião, inclusive de bens móveis (o prazo menor era de três anos). Deve ficar claro que a tendência pós-moderna é justamente a de redução dos prazos legais, eis que o mundo contemporâneo exige e possibilita a tomada de decisões com maior rapidez.
O abandono do lar é o fator preponderante para a incidência da norma, somado ao estabelecimento da moradia com posse direta. O último requisito não é novo no sistema, pois já estava previsto para a usucapião especial rural ou agrária, pela valorização de uma posse qualificada pela posse-trabalho (art. 191 da CF/1988 e art. 1.239 do CC/2002). 
 O comando pode atingir cônjuges ou companheiros, inclusive homoafetivos, diante do amplo reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, equiparada à união estável.  Fica claro que o instituto tem incidência restrita entre os componentes da entidade familiar, sendo esse o seu âmbito inicial de aplicação.  
A nova categoria merece elogios, por tentar resolver inúmeras situações que surgem na prática. É comum que o cônjuge que tome a iniciativa pelo fim do relacionamento abandone o lar, deixando para trás o domínio do imóvel comum. Como geralmente o ex-consorte não pretende abrir mão expressamente do bem, por meio da renúncia à propriedade, a nova usucapião acaba sendo a solução. Consigne-se que em havendo disputa, judicial ou extrajudicial, relativa ao imóvel, não ficará caracterizada a posse ad usucapionem, não sendo o caso de subsunção do preceito. Eventualmente, o cônjuge ou companheiro que abandonou o lar pode notificar o ex-consorte anualmente, a fim de demonstrar o impasse relativo ao bem, afastando o cômputo do prazo. 
No que concerne à questão de direito intertemporal, parece correto o entendimento já defendido por Marcos Ehrhardt Jr., no sentido de que “O prazo para exercício desse novo direito deve ser contado por inteiro, a partir do início da vigência da alteração legislativa, afinal não se deve mudar as regras do jogo no meio de uma partida”. [1] A conclusão tem relação direta com a proteção do direito adquirido, retirada do art. 5º, XXXVI, da Constituição e do art. 6º da Lei de Introdução.
Outra questão que merece ser enfrentada refere-se à possibilidade de usucapião do bem em condomínio entre os cônjuges, tema debatido há tempos pela doutrina e pela jurisprudência. Como se percebe pela leitura do novo dispositivo, a categoria somente se aplica aos imóveis que sejam de propriedade de ambos os consortes e não a bens particulares de apenas um deles.
Várias são as decisões apontando que, havendo tolerância de uso por parte dos demais condôminos, não há que se falar em usucapião, em regra. Como exceção, surgem os casos de posse própria, em que se abre a possibilidade da usucapião (por todos: “Usucapião.  Condomínio. 1. Pode o condômino usucapir, desde que exerça posse própria sobre o imóvel, posse exclusiva. Caso, porém, em que o condomínio exercia a posse em nome dos demais condôminos. Improcedência da ação (Código Civil, arts. 487 e 640). 2. Espécie em que não se aplica o art. 1.772, § 2.º, do CC. 3. Recurso especial não conhecido” (STJ, REsp 10.978/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, 3.ª Turma, j. 25.05.1993,  DJ 09.08.1993, p. 15.228).
Do ano de 1999, cite-se decisão do Superior Tribunal de Justiça no mínimo inovadora, cujo relator foi o então Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Aplicando a boa-fé objetiva, particularmente a supressio, que é a perda de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício no tempo, o julgado possibilitou, de forma indireta, a usucapião de uma área comum em um condomínio edilício – parte do corredor que dava acesso a alguns apartamentos. Essa foi a conclusão, mesmo havendo, aparentemente, um ato de mera tolerância por parte do condomínio. Vejamos a ementa do acórdão:
“Condomínio. Área comum. Prescrição. Boa-fé. Área destinada a corredor, que perdeu sua finalidade com a alteração do projeto e veio a ser ocupada com exclusividade por alguns condôminos, com a concordância dos demais. Consolidada a situação há mais de vinte anos sobre área não indispensável à existência do condomínio, é de ser mantido o status quo. Aplicação do princípio da boa-fé (supressio). Recurso conhecido e provido” (STJ,  REsp 214.680/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4.ª Turma, j. 10.08.1999,  DJ 16.11.1999, p. 214).
O entendimento consubstanciado no julgado parece ser a tendência seguida pela nova modalidade de usucapião, na menção à propriedade dividida pelos cônjuges ou companheiros.
Por certo, vários debates jurídicos surgirão a respeito dessa nova modalidade de usucapião especial urbana, que representa, a meu ver, interessante inovação, com grande amplitude social. Para solucionar os problemas é que existem os intérpretes, os advogados, os julgadores, os professores, os doutrinadores, os profissionais da área jurídica em geral. Aceitemos os bônus e os ônus, enfrentando os desafios que virão.



[1] EHRHARDT JR. Marcos. Temos um novo tipo de usucapião criado pela Lei 12.424/2011. Problemas à vista. Disponível em http://www.marcosehrhardt.adv.br/index.php/blog. Acesso em 1º de julho de 2011

domingo, 21 de agosto de 2011

Especialização ou "mestrados profissionalizantes"

Vale a pena dar uma olhada nesse post da Livia Gaigher, noticiando texto acerca de alterações para as regras de pós-graduação no Brasil: a possível conversão de especializações em "mestrados profissionais":



quinta-feira, 18 de agosto de 2011


O aniquilamento da pós-graduação em Direito no Brasil



Por Fernando Facury Scaff, Gilberto Bercovici, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Luiz Edson Fachin e Ricardo Pereira Lira

O MEC divulgou novas regras que restringem a oferta de cursos de especialização em Direito e, paradoxalmente, propõe/incentiva que, aqueles que desejarem oferecer cursos lato sensu(especializações), façam-no sob a forma de “cursos livres” (sic). Explicando: segundo o MEC, “as organizações [leia-se sindicatos, Escolas da Magistratura, ONG’s, Universidades corporativas]continuarão podendo oferecer os seus cursos. No entanto, eles serão considerados cursos livres e não uma pós-graduação”...! Lê-se ainda que “A saída indicada pelo MEC às instituições não educacionais é transformar o curso lato sensu em mestrado profissional. Essa modalidade da pós-graduação é gerenciada pela Capes”.
Vejamos o que choca nas recentes notícias advindas do MEC: os cursos de especialização poderão ser transformados em mestrado, porque serão considerados cursos “livres”. Mestrado profissionalizante: eis a palavra mágica neste momento. E por quê? Porque há algo não dito no discurso do MEC e da Capes, qual seja, o de que o mestre profissional, segundo a legislação, tem seu diploma equiparado ao do mestre acadêmico (vamos ver as complicações adiante, na área do Direito).
Explicitemos melhor isso. Com mais de 2.000 cursos de especialização em andamento, vem agora a notícia de “facilitação” para que estes cursos — ou aqueles não reconhecidos pelo MEC — sejam transformados em (pasmem) “mestrados profissionalizantes”. Acompanhemos: para o caso da pós-graduação lato sensu, para receber o credenciamento especial do MEC, as instituições tinham que atender a algumas exigências, como carga horária mínima de 360h e pelo menos 50% do corpo docente formado por mestres e doutores. Para criar um mestrado profissional, a resolução da Capes fala apenas em “apresentar, de forma equilibrada, corpo docente integrado por doutores, profissional e técnico com experiência em pesquisa aplicada ao desenvolvimento e à inovação”. Ou seja, parece que o MEC e a Capes apontam para o fato de que deve ser mais fácil oferecer um mestrado profissional do que uma especialização...! Facilitar a pós-graduação estrito senso em Direito? Para que(m) isso serviria? Iria melhorar o nível dos nossos bacharéis, que já sofrem tanto para superar o Exame da OAB, por exemplo? Isso ajuda a quem? E quem zela pela qualidade? Ou teremos centenas ou milhares de cursos de pós-graduação com mestrado profissional, formando mestres, que poderão entrar na conta do MEC para avaliar as faculdades (ou seja, um mestre profissional em Direito é igual a um mestre acadêmico — veja as formações como são diferentes).
O debate acerca dos mestrados profissionalizantes vem perpassando os últimos Comitês de Área do Direito junto a Capes. Refira-se que até hoje nenhum curso de mestrado profissional foi aprovado na área do Direito. Efetivamente, os argumentos favoráveis à implementação dos MP’s são, em verdade, paradoxais, uma vez que, de um lado, apontam para o esgotamento do modelo acadêmico e, de outro, apostam em uma concepção de Direito que se mostra frontalmente antitética com aquilo que a academia jurídica vem sustentando deste os anos 80 do século passado.
Ora, a graduação em Direito, assim como os milhares de cursos de especialização, já possuem “nítido perfil profissionalizante”. E no que resultou isso? A resposta é fácil: disso resultou a crise do ensino jurídico e a crise de efetividade da prestação jurisdicional. Assim, se se examina os documentos do MEC, vê-se que os cursos de especialização têm exatamente a função que se quer para o mestrado profissionalizante. Tal especificidade, como sabem todos — ou deveriam saber —, não existe nas outras áreas do conhecimento e sempre foi uma das bandeiras levantadas para se exigir da Capes-MEC um olhar responsável e diferenciado à área do Direito, o que é necessário e inadiável. Além do mais, demonstra que a “lacuna” que a Capes-MEC pretende preencher já está sendo preenchida no Direito por cursos lato sensu (agora, “cursos livres”).
Nesse mesmo contexto, veja-se como os argumentos que vêm sendo utilizados a favor dos MP’s podem ser esgrimidos a favor do atual modelo (acadêmico): i) ao argumento de que, no modelo dos MP’s, os professores poderiam ser buscados fora da academia — em uma espécie de “mundo profissional” (como se fosse possível fazer uma distinção de tal nível). Cabe ressaltar que, de há muito, essa já é uma importante especificidade da área do Direito, pela maciça presença de profissionais (magistrados de todas as instâncias, membros do Ministério Público de todas as instâncias, membros das demais carreiras jurídicas, como Defensoria Pública, Advocacia-Geral da União, Tribunais de Contas, advogados especializados nos diversos ramos jurídicos) lecionando nos programas de mestrado e doutorado do país, parcela considerável deles coordenada por tais profissionais (o MEC e a Capes não fizeram essa conta e não se perceberam disso? — eles tem todos os elementos na composição do corpo docente dos Programas Estrito Senso); ii) toda a luta travada nas últimas décadas tem sido no sentido de que o Direito é um campo que não pode ser cindido da filosofia, da ciência política, da sociologia, da economia, da história e assim por diante. Observe-se que o documento de área (resumo-programa elaborado pelo representante de área, ouvida toda a área do Direito) vem afirmando, há várias gestões, a necessidade de intertransdisciplinaridade. Por conta disso, os programas de pós-graduação em Direito vêm avançando muito nessa direção e, justo por tal razão, a qualidade da produção dos programas tem tido um avanço reconhecido, algo que se pode perceber (para se ficar tão só em um exemplo) na área do Direito Constitucional após a Constituição da República de 1988: o que se fez não é mero reflexo da referida “tecnicidade-dogmatização” e, sim, um trabalho transformador e que possibilitou sentidos os mais variados, mas sempre democráticos; iii) ao argumento de que formamos “poucos mestres” — e é neste obscuro argumento que se encontra o “drible hermenêutico” representado pela formação maciça de “mestres profissionais” que, inexoravelmente, irão para a sala de aula — cabe responder que o sistema de pós-graduação stricto sensu Capes, composto de 75 mestrados e 27 doutorados, formou, na modalidade mestrado acadêmico, 4.379 no triênio 2003-2006 e 4.569 no triênio 2007-2010 (totalizando, nestes seis anos, 8.948 mestres).
Com a agregação dos novos cursos em funcionamento, que não foram objeto da avaliação trienal, ter-se-á, no próximo triênio, o expressivo número de 6.500 dissertações defendidas, levando em conta a taxa de sucesso de 85%. Com o incremento dos Minter’s — mestrados interinstitucionais —, haverá o incremento de mais 2.000 mestres. Assim, somando-se os 6.500 mestres do fluxo normal, mais os provenientes dos Minter’s aos 8.948 mestres formados nos triênios 2003-2006 e 2007-2010, alcançar-se-ia o expressivo número de 17.440.
Por fim, é preciso ter presente sempre — e sempre! — que nunca houve decisão formal da Área do Direito junto à Capes contra a legislação em vigor, o que seria um absurdo técnico, como é primário. A área do Direito, porém, desde a coordenação do professor Luiz Edson Fachin — e também naquela do professor Fernando Scaff, assim como, mais tarde, na gestão do professor Jacinto Coutinhosempre decidiu — em reuniões às quais todos os programas foram chamados e puderam participar ativamente — exigir para a criação de tais cursos de mestrados profissionais, mutatis, mutandis, os mesmos requisitos exigidos à criação dos mestrados acadêmicos. As razões para tanto são as mais variadas e se encontram em vários documentos extraídos de tais reuniões. Um deles, porém, deve ser analisado e repetido até cansar: por lei, o diploma do mestrado profissionalizante tem o mesmo valor daquele do mestrado acadêmico!
Ora, diante de algo do gênero, por que se haveria de não cobrar dos programas (ao proporem tais cursos) a seriedade que sempre se exigiu das propostas dos mestrados acadêmicos, mudando o que deve ser mudado, por óbvio? Em suma, a área do Direito, por sua especificidade, sempre entendeu que, se existisse um mestrado com aspecto de especialização, mas com um título vero e próprio de mestre (o que deflui de lei), deveria-se cobrar as exigências mínimas que sempre se cobrou dos mestrados acadêmicos. E nunca foi isso nenhum demérito. Afinal, tratava-se de matéria legal e ela precisava ser observada seriamente. Eis por que jamais vingou sequer um novo curso, sempre propostos (APCN) sem o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dos pedidos.
Vista a questão pelo aspecto econômico, saltam logo à ribalta as Instituições que invocam o “mercado”. Neste aspecto, sobre a equação ensino-do-Direito-mercadoria, ninguém, no arsenal do conhecimento do ensino brasileiro, conhece melhor essa matéria do que “a gente da área do Direito”. Com mais de 1.200 faculdades produzindo bacharéis, sabe-se bem quem foi ao patíbulo: a qualidade!Os Exames de Ordem que o digam! Por isso, precisamos do apoio da OAB para a questão, zelosa que é da qualidade!
Numa palavra: esgotados — ou quase — os espaços para novas faculdades (fala-se muito em crise financeira de algumas instituições, mormente pela inadimplência), o passo seguinte no avanço do “mercado” parece ser a pós-graduação, ainda preservada por conta de regras rígidas da própria Capes que garantem limites. Superados os últimos bastiães, restará esperar que o mercado (do ensino de pós-graduação) selecione quem vai nele ficar...! É a lógica “do mercado”, antiética (não seria aética?) como sempre. Enquanto o mundo arde, no Brasil, como sempre, alguns estocam lenha e combustível. Eis mais uma crônica de uma morte anunciada!

[1] Ex-coordenadores da Área de Direito na Capes.

Fernando Facury Scaff é advogado e sócio do escritório Silveira, Athias, Soriano de Melo, Guimarães, Pinheiro & Scaff – Advogados; é doutor em Direito e professor da USP.
Gilberto Bercovici é advogado e professor da USP e do Mackenzie.
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho é advogado e professor doutor titular de Direito Processual Penal da UFPR.
Luiz Edson Fachin é advogado, professor de Direito Civil da UFPR e da PUC-PR.
Ricardo Pereira Lira é advogado e professor da UERJ.

Jurisprudência constitucional da colômbia

Ótimo site sobre a jurisdição constitucional na colômbia:

http://www.observatorioconstitucional.com/index.html

Amartya Sen - Entrevista

Excelente post no blog iusconstifil trazendo uma explanação de Amartya Sen  sobre a situação econômica e social da Índia, cuja situação pode ser encontrada em outros países com situação aparentada, e a diferença que pode existir com a realização de pequenas ações em benefício da humanidade.

http://iusconstifil.blogspot.com/2011/08/amartya-sen-think-and-act.html


Essa autor, ganhador do prêmio Nobel, tem uma obra, "Desenvolvimento como Liberdade", cuja leitura é obrigatória para uma compreensão mais ampla sobre o mundo em que vivemos hoje em dia. O site a seguir tem um link que ajuda a iniciar a leitura:

http://www.fep.up.pt/docentes/joao/material/desenv_liberdade.pdf


quarta-feira, 17 de agosto de 2011

Atribuição de falsa identidade e uso de documento falso


É interessante a posição da 2ª Turma do STF sobre o art. 307 CP, que diz ser crime a atribuição de falsa identidade perante as autoridades.

Para a 2ª Turma, há atipicidade quando a pessoa afirmar ser outra pessoa. Mas, quando se usa um documento falso, o crime existe.

O inteiro teor do documento está no site a seguir: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=623879

HC 103314 / MS - MATO GROSSO DO SUL
HABEAS CORPUS
Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE
Julgamento:  24/05/2011           Órgão Julgador:  Segunda Turma

Publicação
DJe-109 DIVULG 07-06-2011 PUBLIC 08-06-2011
EMENT VOL-02539-01 PP-00091
RJP v. 7, n. 40, 2011, p. 103-105
Parte(s)
RELATORA            : MIN. ELLEN GRACIE
PACTE.(S)           : EDEVALDO OLIVEIRA DA SILVA
IMPTE.(S)           : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)      : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES)     : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ementa

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. AGENTE QUE SE UTILIZA DE DOCUMENTO FALSO PARA OCULTAR SUA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO DESCRITO NO ART. 304 DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. A utilização de documento falso para ocultar a condição de foragido do agente não descaracteriza o delito de uso de documento falso (art. 304 do CP). 2. Não se confunde o uso de documento falso com o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), posto que neste não há apresentação de qualquer documento, mas tão-só a alegação falsa quanto à identidade. 3. O princípio da autodefesa tem sido aplicado nos casos de crime de falsa identidade, em que o indiciado identifica-se como outra pessoa perante a autoridade policial para ocultar sua condição de condenado ou foragido. 4. Writ denegado.

Abraços,
André Tabosa
MPCE

Estados Unidos - processo contra o Governo por propaganda de cigarro


Denuncia contra el gobierno de EE.UU. por la propaganda antitabaco

Las tabacaleras consideran que las imágenes sobre las consecuencias de fumar violan su libertad de expresión; los cambios fueron impulsados por una ley promulgada por Obama
 
 

WASHINGTON.- Cuatro de las cinco compañías tabacaleras más grandes de Estados Unidos entablaron una demanda contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), por considerar que los nuevos requerimientos de advertencia sobre el tabaco en los paquetes es anticonstitucional.
La demanda interpuesta ayer es, según un comunicado de la tercera compañía tabacalera de Estados Unidos, Lorillard Inc., para "desafiar nueve medidas de advertencia contra el tabaco que son una forma anticonstitucional de forzar a los fabricantes a diseminar el mensaje del gobierno" contra el producto.
R.J. Reynolds Tobacco Co., Commonwealth Brands Inc. y Liggett Group LLC se unieron a Lorillard en la demanda, que fue presentada ante una corte federal en Washington.
Bajo las nuevas normas de la FDA, anunciadas recientemente, los paquetes de cigarrillos, cartones y toda la publicidad de tabaco debe llevar severas advertencias a partir del 22 de septiembre de 2012.
El caso es similar al que enfrentan Uruguay y Australia, que son demandados por la tabacalera Philip Morris por sus políticas antitabaco.
Uruguay se convirtió el 1º de marzo de 2006 en el primer país de América latina en prohibir fumar en espacios públicos cerrados y es el que exige advertencias sanitarias más grandes en las marquillas de cigarrillos. A raíz de ello, Philip Morris lo demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
Uruguay recibió el apoyo de la OMS y del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien se comprometió con dinero para los costos legales. Sin embargo, a mediados de julio pasado la misma multinacional anunció que entablará una demanda contra el proyecto del gobierno australiano de imponer el mismo empaque, cubierto de advertencias severas, a todas las cajetillas de cigarrillos.
En el caso de Estados Unidos, las empresas entienden que se viola la primera enmienda de la Constitución, según explicó el abogado de Lorillard Floyd Abrams.
La FDA divulgó en junio pasado las imágenes a utilizarse en Estados Unidos, las cuales ocuparán el 50% superior de los paquetes, tanto en el frente como en el reverso, y el 20% de toda publicidad.
Incluyen un cadáver, una dentadura destrozada y un pulmón ennegrecido, con letreros que dirán por ejemplo: "Advertencia: Fumar puede matarlo" y un número de teléfono para recibir asistencia si se quiere abandonar el hábito. De acuerdo a la FDA, mueren 1200 fumadores por día solamente en Estados Unidos.
Los cambios en los paquetes son por una ley de junio de 2009, promulgada por Barack Obama, que dio a la FDA el poder de regular la fabricación, la publicidad y la venta de productos del tabaco.

terça-feira, 16 de agosto de 2011

Dworkin e a "resposta correta"

Segue o link para um texto do Ronald Dworkin sobre uma de suas ideias mais interessantes: Há respostas corretas em direito?

http://arthurguerra.weebly.com/uploads/1/5/5/9/1559351/dworkin_-_no_right_answer.pdf

Um dos melhores livros de constitucional que já vi

Amigos,

Segue o link para uma olhada na obra do José Adércio Leite, "A Constituição Reinventada pela Jurisdição Constitucional". Uma das melhores obras que já vi sobre direito constitucional. Basta copiar e colar no navegador:

http://books.google.com/books?id=CVPNyM4iurwC&printsec=frontcover&dq=constitui%C3%A7%C3%A3o+reinventada&hl=en&ei=Uc47TtK2FIXMgQf-iKySBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Constituição como "Projeto Político"

Retirado do Blog do grande José Adércio Leite Sampaio.

Um texto do Florestan Fernandes, "A Constituição como Projeto Político":

http://jalsacademico.blogspot.com/2011/08/constituicao-como-projeto-politico.html

TJGO - Ausência de retirada de tornozeleira eletrônica

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PACIENTE.  Retirada da  tornoz...